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Revista de los Estudiantes de Historia

 Nº 4. Febrero de 2006

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¿COMUNIDADES DE PAZ EN MEDIO DE LA GUERRA?

 

Karina Sandoval Zapata6 (Historia)

Universidad del Valle

 Cali – Colombia

angelitosempantanados@hotmail.com

 

 

"A tres años de nuestro desplazamiento,

 en medio de la guerra, iniciaremos nuestro retorno

 Llevando a cuestas el dolor

 Por nuestros asesinados y desaparecidos;

 En las manos, semillas y herramientas,

En los rostros, sonrisas de esperanza

 Y en el corazón la presencia solidaria

De quienes han ayudado

 A mantener vivos los sueños Y fresca la esperanza…

Queremos justicia, queremos dignidad1".

 

El número de personas afectadas por el Desplazamiento Forzado Interno en Colombia es el cuarto más alto en el mundo. Hoy esta situación constituye la mayor crisis humanitaria en el hemisferio occidental, con el agravante de estar intensificándose año tras año y no tener un principio de solución a la vista. Colombia cerró el año 1999* con un desolador escenario interno de confrontaciones armadas, sin freno y sin control, estrenando modalidades de guerra que cada vez más involucran a la población civil en directo atropello a sus derechos; durante todo el año ocurrieron combates y ataques a la población civil por parte de los grupos armados, siendo manifiesta la falta de capacidad y de voluntad de las partes en conflicto para emprender las soluciones políticas y sociales que demanda con urgencia el país. Uno de los resultados más visibles del conflicto armado es el aumento de los éxodos masivos, familiares o individuales de quienes se ven obligados al destierro para defender la vida[2].

Algunos de los departamentos más afectados por los desplazamientos han sido: Bolívar, Córdoba, Valle del Cauca, Norte de Santander, Antioquia, Santander, Chocó, Sucre y Magdalena. Las causas más comunes de estos desplazamientos han estado relacionadas con acciones de los grupos armados y sus repercusiones regionales - amenazas, masacres, asesinatos selectivos y enfrentamientos bélicos que afectaron a la población civil o sus bienes.

En 1999, las mal llamadas Autodefensas Unidas de Colombia –AUC, grupo de mayor presencia en las zonas antes mencionadas- llevaron a cabo ataques masivos y sistemáticos que tuvieron cobertura regional. Los comandos paramilitares establecieron un método que se repitió casi sin variaciones: la población objetivo es aislada; los habitantes son obligados a salir de sus casas, a reunirse e identificarse; varias personas son separadas con base en listas de nombres que portan los atacantes; luego son salvajemente torturadas y asesinadas bajo la acusación de ser colaboradores de los grupos guerrilleros, y se anuncia un subsecuente proceso de 'limpieza' de la guerrilla en la zona. En muchas incursiones, los paramilitares dieron a los pobladores un plazo perentorio para abandonar la zona, bajo la amenaza de perder la vida o aceptar la autoridad del grupo armado. Para este mismo año, en los departamentos de Antioquia (18 municipios), Bolívar, Cesar, Magdalena, Sucre, Putumayo y La Guajira, fueron asesinados entre 130 y 140 campesinos, acusados por los paramilitares de ser auxiliadores de la guerrilla[3].

Es en este marco de persecución y exterminio en el que aparece el movimiento de las Comunidades de Paz, el cual se empezó a conocer en nuestro país desde la década de los 80’s y que hace parte de la propuesta que miles de colombianos  y colombianas le han hecho a los diferentes actores armados en conflicto incluyendo al Estado, para que los dejen de lado de una guerra, que por razones tanto económicas como “políticas”,  los ha perseguido y los ha hecho víctimas de los más atroces crímenes; uno de los más frecuentes es el desplazamiento forzado. Aunque su reconocimiento e impacto a nivel internacional sea tal que estas comunidades se hayan ganado, en 1990, el 'Premio Nobel Alternativo de la Paz', otorgado por la fundación sueca The Rights Livelihood Award, así como el 'Nosotros, el Pueblo', entregado en 1995 por las Naciones Unidas[4], estas  comunidades son hoy, uno de los sectores más golpeados por el conflicto armado Colombiano.  Y pese a tanta sangre, como ejemplo de dignidad y resistencia, en estos escenarios se ha materializado un ejercicio colectivo de construcción de paz, no desde el discurso, ni las teorías académicas sin conexión con la realidad, ni los procesos de negociaciones, mucho menos la fuerza de las armas; sino desde acciones no-violentas que encuentran su origen en las culturas, necesidades y aspiraciones propias de los pueblos y comunidades que las generan y dinamizan[5].

Estas iniciativas, parten del principio de neutralidad ante la presencia de todos los actores armados en ciertos territorios de Colombia y ha sido ampliamente reconocida y acompañada por organizaciones nacionales e internacionales. Paradójicamente aquí, en Colombia, es donde menos eco han tenido; gran parte de esta situación se debe a la increíble campaña orquestada por lo señores de la motosierra y sus líderes políticos, como el presidente Uribe, quien desde su cargo como gobernador de Antioquia y aún después de la masacre paraestatal más evidente y estruendosa de los últimos meses -la de San José de Apartadó perpetrada en Febrero del 2005 para quienes no se acuerden-, ha salido ante los medios  “de información” con su trillada actitud de cristiano humilde, a señalar a ésta y a todas las comunidades de paz de Colombia[6] y a quienes las acompañan, de guerrilleros o mejor, de terroristas; lo  que en este paraestatal contexto, arbitrariamente viene a significar lo mismo.

El 20 de marzo, el presidente Uribe acusó a algunos dirigentes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó de ayudar al grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y de tratar de obstaculizar el camino de la justicia. También dijo que el ejército penetraría en el territorio de la comunidad dentro de un plazo de 20 días.

"Acusar a los miembros de la Comunidad de Paz de colaborar con grupos guerrilleros coloca a esta comunidad en una situación de mayor riesgo frente a la posibilidad de ataques lanzados por paramilitares respaldados por el ejército. Las declaraciones del presidente, así como los comentarios formulados por el ministro de Defensa negando toda responsabilidad del ejército en la matanza de febrero, también suscitan el temor de que el carácter exhaustivo e imparcial que debe tener cualquier investigación de los hechos en torno a esta matanza se vea gravemente vulnerado", dice Amnistía Internacional[7].

Este tema, que resulta tan doloroso e indignante, no sólo por los centenares de muertos y por la persecución sistemática que sufren quienes hacen parte de las comunidades, quienes las acompañan y quienes se solidarizan con su causa, esta lleno de versiones, de trampas y mordazas, así que lo abordaré por puntos, que nos permitan llegar a tener un poco más de claridad de qué es lo que pasa con las Comunidades de Paz de Colombia, que como hemos dicho anteriormente, surgen como resistencia a la guerra, al desplazamiento forzado y al olvido estatal.

1. UNA CRONOLOGÍA NECESARIA[8]: En la actualidad hay en Colombia 52 Comunidades de Paz en resistencia, según censo de la Red de Iniciativas por la Paz (Redepaz), ONG especializada e impulsora de este tipo de iniciativas. La primera, la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (Atcc), en Santander, surgió en 1987 y fue pionera del concepto de neutralidad frente a todo actor armado, y primera en 'negociar' con grupos guerrilleros, paramilitares e inclusive con el gobierno local (con el gobierno nacional nunca ha sido posible), para mantener a la comunidad desvinculada del conflicto armado.  

En 1994 la siguió,  la Neutralidad Activa de los Indígenas de Antioquia, organización creada para contrarrestar el enfrentamiento territorial entre las FARC y el EPL. Un año después se estableció la de San José de Apartadó (Antioquia), en una zona donde hacen presencia los paramilitares de la Brigada XVII, perdón, los paramilitares, la brigada XVII y las FARC.

A final de la década de los 90, estas iniciativas llegaron a Chocó, donde la guerra entre los grupos armados y el abandono del Estado ha sido –y es – tan latente, que ésta es una de las regiones más deprimidas de Colombia. Este abandono y las consecuentes situaciones de pobreza y violencia, ocasionaron desplazamientos masivos, masacres, abusos y claro, resistencias, que llevaron a que 49 comunidades de desplazados de esta región decidieran crear la Comunidad de Paz de San Francisco de Asís. Entre 1998 y febrero de 1999, se establecieron también las comunidades Natividad de María, conformadas por unas 105 familias, y Nuestra Señora del Carmen, de unas 250 familias, ambas en Chocó. Todas estas comunidades y sus iniciativas de paz, han sido el resultado de la resistencia ante décadas de marginalidad y pobreza en las que el Estado colombiano ha sido prácticamente inexistente en sus territorios.  

2. ES INCAPACIDAD E ILEGITIMIDAD DEL ESTADO COLOMBIANO: La única propuesta de Estado que se le escucha a Uribe y a sus antecesores para las comunidades de paz - y para el resto de la población Colombiana-, consiste en poner policías y militares en sus territorios, en los barrios, en las esquinas, en las carreteras, pero nunca se habla, por ejemplo, de solucionar la marginalidad y la pobreza en la que viven estos colombianos y colombianas, quienes ante la organizada incapacidad del Estado de satisfacer sus más mínimas necesidades, le agregaron a su lucha diaria, la difícil y quijotesca  tarea de buscar la dignidad y de impedir que su gente siga siendo masacrada en la indiferencia y el silencio. Entonces, además de tener que suplir las funciones del inexistente Estado en sus territorios, estas comunidades tienen que sufrir la estigmatización que intenta hacernos creer que éstas obstruyen la justicia y que son focos de grupos guerrilleros, por lo que la respuesta a sus peticiones siempre ha sido la militarización, como si esto solucionara los problemas sociales de pobreza y marginalidad que azotan a estas comunidades. Contrario a lo que afirman el presidente, otros agentes de Estado, y los actores armados –más específicamente las FARC-, las comunidades de paz no son indiferentes al CONFLICTO SOCIAL que atraviesa el país, se plantean como alternativa de solución a éste y siempre han solicitado la presencia de instituciones estatales que presten por lo menos, atención a su situación de pobreza y marginalidad, ante la cual no se han quedado quietos. Pero el panorama de las incursiones paramilitares en 1999 a varias de estas comunidades, lo que muestra es la inexistencia de acciones efectivas del Estado para combatirlos, aún cuando actúan en zonas con amplia presencia de la Fuerza Pública, al tiempo que revelan la desprotección de la población civil frente a la frecuente ocurrencia de crímenes de lesa humanidad; la impunidad generalizada sobre los responsables directos y los sectores políticos y empresariales que los apoyan.  Además, en varias ocasiones, cuando la población fue afectada por la acción de los grupos armados y se vio en necesidad de desplazarse, la respuesta del Ejército agravó la situación en lugar de brindar protección a los civiles.

 Lo que el Estado y los actores armados no entienden, es que sus pobladores se nieguen a empuñar un fusil, a servir de trinchera en medio de los combates, a dejar que sus niños y niñas crezcan en medio del fuego cruzado. Tal vez, es precisamente por buscarle soluciones y alternativas al conflicto social, tan evidente en todos los rincones del país, que estas comunidades se convirtieron en la piedra en el zapato para el presidente con sus ejércitos de asesinos, para los ineptos ministros y para la ciega y vendida justicia colombiana.

Y aquí sólo mencionó la responsabilidad del Estado y sus agentes e instituciones, pues no podemos olvidar que los principios que legitiman la existencia de un Estado, parten de que éste pueda garantizarle a sus pobladores, las condiciones justas que le permitan el goce de una vida digna y en paz, por lo que es el único que puede violar los Derechos Humanos. De otro modo no tendría razón entregarle gran parte de nuestras libertades a un Estado que no sólo no cumple con su función vital, sino que además castiga y persigue a quienes se resisten a morir en el hambre y en la guerra. La guerrilla, otro actor involucrado en este problema, viola el Derecho Internacional Humanitario, con sus ya conocidas limitaciones para conflictos internos, y pierde legitimidad ante la población,  pero no viola Derechos Humanos por que con ellos nadie hizo pactos sociales y para ellos no son los impuestos que pagamos todos los días.

3. TAL VEZ TODOS SOMOS ENEMIGOS INTERNOS: Para comprender mejor este punto, Iniciaré por preguntarme y preguntarles a ustedes, sino suena muy contradictorio el hecho de que este presidente,  supuesto abanderado de la paz y la defensa de los Derechos Humanos, encuentre en estas comunidades a un enemigo, cuando aparentemente buscan lo mismo: paz, seguridad, soberanía…?

Así como hace algunos años lo planteaba la Doctrina de Seguridad Nacional para Colombia, el concepto de enemigo interno abarca no sólo a la insurgencia como objetivo a destruir, sino, que además incluye, a todo sector social, (estudiantil, barrial, sindical, cultural y hasta religioso) que por manifestarse en contra de la injusticia social, son tildados de ser auxiliadores de los grupos insurgentes colombianos; hoy la bandera escogida por este gobierno para engañar al pueblo, ha sido la de la lucha antiterrorista, con su deplorable montaje de “seguridad democrática” y “vive Colombia, viaja por ella”, del cual hace alarde y a través del cual ha hecho de estas comunidades, otro blanco a destruir por considerarlas colaboradoras de la insurgencia, olvidando que ha sido en muchos casos la misma insurgencia la protagonista de los ataques a estas comunidades y de sus críticas pues no logran entender su opción de neutralidad frente a la guerra. En el caso de la masacre en San José de Apartadó, los “esfuerzos posteriores del gobierno por construir un relato ficticio donde aparezca la insurgencia como autora del hecho, fueron tan desafortunados que mostraron precisamente como "testigos" a dos jóvenes de la comunidad que un año antes (2004) habían sido torturados por el Coronel Duque[9] y sometidos a un montaje judicial que sirvió de chantaje para obligarlos a ingresar al "programa de reinserción" –sin ser insurgentes-, de modo que hoy están bajo la custodia de sus propios victimarios, sin libertad alguna para tomar decisiones autónomas. Pero como la inmensa mayoría de los colombianos no tiene acceso a estas verdades, la difusión masiva de esas ignominias por los medios de "información" se ha colocado como base de la campaña de estigmatización de las víctimas y de la Comunidad de Paz, que el gobierno está impulsando intensamente”[10].

Con este tipo de montaje quieren deslegitimar la denuncia de que lo sucedido en Apartadó es responsabilidad del ejército. Como es tradicional en el gobierno colombiano, nunca se hacen investigaciones serias, y cuando algo molesta mucho de las denuncias, le arman un proceso penal o declaran demente al que denuncia para descalificarlo, ese es un método muy frecuente en el gobierno colombiano.

 

4. SI DE LEGALIDAD SE TRATA… Las comunidades de paz en Colombia se han organizado para la defensa pacífica de su independencia del conflicto armado – no del conflicto social que también padecen-. Rechazan la presencia de cualquier actor armado en los lugares en los que habitan como comunidad, rechazan cualquier involucramiento en acciones armadas y, por ende, se niegan a apoyar a cualquier actor armado. Este  principio también incluye al ejército, que además, ha sido uno de los más grandes victimarios de las comunidades. Entonces, tenemos que las comunidades de paz son legales y legítimas, en el marco de lo nacional, ya que responden al ejercicio legítimo de autodeterminación amparado por los artículos 18 y 22[11] de la constitución política colombiana, en los principios rectores del desplazamiento forzado y en el DIH; éstas además, acuden a la defensa del derecho a la paz y a los preceptos del Derecho Internacional Humanitario (DIH) para mantener a la población civil fuera del conflicto; es lo que se conoce como el principio de distinción entre combatientes y no combatientes… Y si existe todo el marco legal nacional e internacional para la protección y defensa de las comunidades de paz en Colombia, ¿es legal la persecución y estigmatización promovida por el presidente hacia éstas? Y además cabe preguntarnos, ¿dónde están los militares que actúan conjuntamente con sus “hijos” los paramilitares en acciones de terror hacia las comunidades?, ¿hay algún funcionario destituido por tantas y tantas omisiones frente a las denuncias de las comunidades?, ¿en qué van las investigaciones de tantas y tantas masacres en contra de las comunidades?...

 

5.  ¿Y CUÁNTO CUESTA DESAPARECER A LAS COMUNIDADES DE PAZ?: El trillado argumento de este presidente, ya utilizado antes por el general Bedoya y por Álvaro Gómez Hurtado, para las nacientes autodefensas campesinas –que no son lo mismo que los paramilitares-, es la supuesta recuperación de la soberanía territorial. Pero esta soberanía en realidad hace parte de una estrategia dirigida contra las comunidades que se oponen a la guerra, o donde el capital privado no puede entrar a hacer y deshacer, como los resguardos, las comunidades negras e indígenas ancestrales o las reservas campesinas, que sufren el más atroz terrorismo, el terrorismo de Estado, que los mata al negarles los derechos a la salud, a la educación, a la libertad y hasta a la libre movilidad, pues a estas zonas no llega la campaña “vive Colombia, Viaja por ella”, ya que la carencia de vías y el bloqueo para-militar permanente a sus territorios, las mantiene prácticamente marginadas del resto del país. La situación de estas comunidades también se debe a que su ubicación en el mapa del país coincide en  gran parte con el de grandes proyectos de infraestructura, con una gran biodiversidad y riqueza del subsuelo y de cultivos ilícitos que los hacen territorios de gran interés para todos lo participantes del enfrentamiento armado colombiano. Además, a esta ubicación se suma que “el proyecto de este gobierno es un proyecto de control total de la población y sobre todo de un control paramilitar de toda la población, y las Comunidades de Paz son precisamente una propuesta de no involucramiento con los actores armados, y entre ellos está el Ejército y los paramilitares que son aliados. Ellos no quieren espacios que se escapen a su control, y prefieren más bien que comunidades que ya sea por el temor, o por una confusión en sus objetivos se dejen conquistar por una presencia paramilitar: pero estas Comunidades que tienen muy claro que no quieren colaborar con los paramilitares y que quieren tomar una posición muy firme ante ellos, pues son espacios que el Gobierno trata de destruir porque estiman que rompen con su control total de la población”[12].

Entonces, nos encontramos con que detrás del montaje hay un plan previsto. El cultivo a gran escala de palma africana. Las comunidades que después de San José están en la mira son las de los ríos Cacarica, Salaqui, Jiguamiandó y Cubaradó (Urabá Chocuano). En estas regiones hay un gran proyecto para sustituir los bosques naturales por plantaciones de palma, llamadas con razón desiertos verdes. El daño ambiental, cultural y social es incalculable, pero las ganancias de las empresas palmeras serán enormes: los suelos, el clima son inmejorables y la gente aterrorizada por la acción de paramilitares, militares y guerrillas acepta cualquier salario. El gran proyecto necesita liquidar los obstáculos que se interpongan al libre juego del interés privado. Los paramilitares hacen su trabajo y los militares el propio[13]. Ya la masacre en Apartadó nos demostró que el costo será saldado con la vida de niños inocentes si es necesario[14].

 

6. EN COLOMBIA LA IMPUNIDAD ES LA MEDIDA DE TODOS LOS CRÍMENES[15]: Mientras diferentes instituciones y personalidades de la comunidad internacional han manifestado su dolor y su indignación por lo sucedido con la comunidad de paz de San José de Apartadó y han solicitado mayor acompañamiento con el resto de las comunidades, en Colombia parece que nada hubiera sucedido. Excepto por las organizaciones nacionales que siempre han estado acompañando el proceso de las Comunidades de Paz, al resto del país ya se le olvidaron los niños y niñas, las mujeres y líderes masacrados. Tal vez se ha hecho más importante llorar y expresar solidaridad ante la eliminación de un “protagonista de novela”, o ante el “cambio extremo[16] que por fin le arreglo la vida a un colombiano que por “feo”, vivía una terrible “desgracia”.  Como si esta paupérrima simulación de la vida fuera más indignante que los centenares de agresiones que han vivido estas comunidades, entre las que se encuentran “masacres, ejecuciones individuales, desapariciones forzadas, detenciones y allanamientos ilegales, torturas, violaciones sexuales, pillajes y saqueos de los bienes elementales de los campesinos, desplazamientos forzados, bombardeos indiscriminados, incineraciones de viviendas y cultivos, actos de terror, amenazas, montajes y extorsiones[17]. Estas sí son verdaderas desgracias. Seguramente que ambas situaciones puestas en una balanza, evidenciarían el ridículo espectáculo de quienes alejados de sus propias y más cercanas realidades, actúan una farsa tan deplorable y de quienes se conmueven con un show, que se mofa de la pobreza, de la “fealdad” y la falta de oportunidades de tantos hombres y mujeres de Colombia, que en semejante letargo le dan el aval tanto ético, moral, espiritual y político a presidentes asesinos y a su leyes de “justicia” e impunidad, a los fiscales corruptos que no atienden las denuncias de las víctimas de la verdadera guerra, a los curas que bendicen y apoyan la estrategia paramilitar y el montaje contra las comunidades de paz, a un ejército que ni cuida ni protege a Colombia, sino que trabaja para los intereses del capital extranjero al costo de miles de vidas de “compatriotas”.

Entonces, llegamos a una evidente y difícil conclusión: En Colombia estamos careciendo de la más ínfima idea de lo que significa la dignidad y la justicia,  en tanto que somos igualmente gestores de la guerra que nuestros victimarios nos imponen.  

Hoy, en la lejanía y en la indiferencia nacional, las comunidades de paz siguen resistiendo y afortunadamente el “secreto a gritos” se le esta saliendo de las manos a este gobierno: La masacre realizada en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó el 21 de febrero del 2005, despertó la movilización de la comunidad internacional; el Parlamento Europeo reaccionó expresando su profunda preocupación por la salvaguardia de los Derechos Humanos en Colombia. El jueves 17 de marzo del mismo año, un grupo de Senadores VERDES del Parlamento Italiano organizó en Roma una conferencia de prensa para invocar justicia y verdad y el lunes 21 de marzo la sociedad civil realizó una manifestación frente a la Embajada Colombiana en Roma. Así mismo, el último informe de Amnistía Internacional volvió a rajar al Estado Colombiano y a la política de “seguridad” del presidente Uribe en materia de Derechos Humanos; según el informe “en los últimos veinte años, el conflicto armado de Colombia ha cobrado la vida de al menos 70.000 personas, la gran mayoría de ellos civiles muertos fuera  de combate, mientras que tres millones de personas se han convertido en desplazadas internas desde 1985[18].

A su vez, en las Comunidades de Paz y en su búsqueda  de autonomía, se ha hecho conciencia de que se estaban encontrando un poco aisladas y por eso mismo eran más vulnerables, porque no se estaban tejiendo redes con otros grupos que están buscando lo mismo en otras regiones del país y en otros países. Por tal razón surgió la idea de empezar a invitar al mismo territorio de estas comunidades a movimientos de otros países de América Latina y de otros lugares de Colombia que estuvieran en esta misma búsqueda,  y empezaron a desarrollarse estos encuentros, que han sido muy interesantes porque han permitido que se vaya tejiendo una red, intercambiando experiencias, buscando espacios de solidaridad internacional, y configurando un movimiento que se identifica con una misma búsqueda, una misma ruta, unas mismas metas, así se esté en países distintos, con líneas de trabajo común, en la búsqueda de ese otro mundo posible[19].

 

Notas de Pie de Página

 

6Estudiante de décimo semestre de Historia de la Universidad del Valle (Cali, Colombia). Sus áreas de interés son el Enfoque de Género, los Derechos Humanos y la Etnohistoria.

[1] Comunidad "Autodeterminación, vida y dignidad" del río Cacarica (Chocó), Colombia 1999. (Apartes de la intervención de las personas desplazadas del Atrato medio, ante la Comisión Internacional, autoridades nacionales y regionales. Quibdó - Chocó, 1999).

* Retomo los datos a partir de este año, por ser un período relativamente cercano a la consolidación de diferentes Comunidades de Paz en Colombia.

[2] Grupo de Apoyo a Organizaciones de Desplazados – GAD. Informe sobre desplazamiento forzado en Colombia, 1999. 

[3] Ibíd.

[4] Marzo 8 de 2005. Cronología: 20 Años de Comunidades de Paz.

[5] “(...) Aún somos pueblos en resistencia. COLOMBIA. Comunidades de Paz: patrimonio de resistencia no violenta”. Esperanza Hernández Delgado.

[6]Marzo 20 de 2005. Declaración del presidente Uribe, al término de un consejo de “seguridad” realizado en Carepa Antioquia,  respecto de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó después de la masacre cometida el 21 de febrero del 2005, en la que se denunció la acción directa del ejército y de su brazo encubierto paramilitar. “Las Comunidades de Paz tienen derecho a instalarse en Colombia gracias a nuestro régimen de libertades. Pero no pueden, como lo practica San José de Apartadó, obstruir la justicia, rechazar la fuerza pública, prohibir el comercio de artículos lícitos, ni coartar la libertad de los ciudadanos que allí residen. En esta Comunidad de Paz de San José de Apartadó hay gente buena, pero algunos de sus líderes, patrocinadores y defensores están seriamente señalados por personas que han residido allí, de auxiliar a las FARC y de querer utilizar a la comunidad para proteger a esta organización terrorista”. 

[7] Colombia: Para la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, la justicia es el único camino. Amnistía Internacional  Comunicado de Prensa. Índice AI: AMR 23/004/2005 (Público). Servicio de Noticias: 071. 23 de marzo de 2005. http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR230042005

[8] Marzo 8 de 2005. Cronología: 20 Años de Comunidades de Paz.

[9] Comandante del batallón que controla la zona de San José de Apartadó. Batallón de Contraguerrilla No. 33 Cacique Lutaima, adscrito a la Brigada XVII del ejército.

[10] Viernes, 1ro abril 2005 por: dhcolombia Javier Giraldo Moreno S. J. San José de Apartadó - La Paz Masacrada. Tomado de Actualidad Colombiana.

[11] Artículo 18. Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia. Artículo 22. La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Constitución Política de Colombia.

[12] Seminario Internacional Territorio, Vida y Seguridad Humana frente a planes económicos y militares. Entrevista al padre Javier Giraldo por Pachakuti Alcobendas- Madrid, 11 de junio de 2005.

[13] ¿Qué hay detrás de lo de San José?: Razones de la persecución del Estado a las Comunidades de Paz en Colombia. Correo Tortuga - Emilio Arranz - Concha Martín Jueves, 17 de marzo de 2005.

[14]El 21 de febrero de este año, Luis Eduardo Guerra, uno de los impulsores más tenaces de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, fue hallado muerto y cercenado, junto a su compañera Bellanira y  su hijo Deiner Andrés, de 11 años. Otro líder de esa zona, Alfonso Tuberquia, su esposa Sandra Milena Muñoz, sus hijos Natalia (5 años) y Santiago (18 meses) y otro poblador de la zona, Alejandro Pérez Castaño, también fueron encontrados muertos. Todos los cuerpos estaban mutilados y tenían estigmas de crueles torturas. DH Colombia. Red de Defensores no institucionalizados. Javier Giraldo Moreno S.J. San José de Apartadó - La Paz Masacrada. Tomado de Actualidad Colombiana.

[15] Seminario Internacional Territorio, Vida y Seguridad Humana frente a planes económicos y militares. Entrevista al padre Javier Giraldo por Pachakuti Alcobendas- Madrid, 11 de junio de 2005.

[16] Éstos son dos de los realitys colombianos que cautivaron a los inermes televidentes a lo largo del 2004 y el 2005.

[17] San José de Apartadó en el nudo de la “seguridad democrática”. Por: Javier Giraldo Moreno, S. J.

[18] Los Paramilitares en Medellín: ¿desmovilización o Legalización?”. Amnistía Internacional, jueves 21 de septiembre de 2005.

[19] Seminario Internacional Territorio, Vida y Seguridad Humana frente a planes económicos y militares. Entrevista al padre Javier Giraldo por Pachakuti Alcobendas- Madrid, 11 de junio de 2005.

 

 

* Ilustración de Rafael López, en revista El Malpensante Nº 47

 

 

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Última actualización: 19 de Febrero de 2006.